En El Salvador, uno de los cinco países en el mundo que penalizan el aborto en forma absoluta, suelen enviar a la cárcel por más de 30 años de condena, a una mujer por sufrir un aborto espontáneo o natural. “Existe una persecución contra las mujeres pobres. En el país no se ven casos de mujeres con recursos económicos que estén en la cárcel por abortar, además en todos los hospitales nacionales se está revelando el secreto profesional y eso es grave”, denuncia el abogado Dennis Muñoz.
María Edis Ella sufrió un aborto natural y en el hospital alguna enfermera la denunció. A las pocas horas fue a parar a la cárcel, y tiempo después le descubrieron cáncer, al no tener las quimioterapias a tiempo, la enfermedad la venció. Para ese entonces, su sentencia ya era clara: 30 años de prisión.
Al igual que María, alrededor de seis mil de mujeres sobreviven en las cárceles salvadoreñas tras asistir a un hospital para abortar, ya sea de forma natural o inducida. Las organizaciones de mujeres denuncian que las pacientes pasan de la cama del hospital a la cárcel directamente, y luego sus casos son investigados por el Ministerio Público.
Esta persecución comenzó en 1997, cuando la Asamblea modificó el Código Penal para eliminar la posibilidad de dispensar las sanciones penales, cuando la vida de la mujer se encuentre en peligro, cuando el embarazo sea resultado de una violación, o cuando el feto padezca malformaciones severas y previsibles.
Como resultado, las mujeres que se realizan abortos en el país corren el riesgo de ser sancionadas penalmente, aún en el caso de que sus vidas sean puestas en peligro por un embarazo.
Un ejemplo de ello es María (nombre fícticio), quien con 18 años de edad fue violada por varios pandilleros en el barrio donde vivía. De esa violación quedó embarazada, y a los meses se detectó que había malformación y que no era un embarazo viable. La chica tuvo un aborto y los médicos que la atendieron avisaron a la fiscalía. Su delito fue juzgado, mientras que su violación nunca fue investigada. "Ojalá tuvieran la misma diligencia para otros homicidios", es lo único que comentan sus familiares.
El artículo 133 del Código Penal Establece que la persona que provoque un aborto y quien se lo realice, serán sancionados con prisión de dos a ocho años. Sin embargo, la Fiscalía suele transformar el delito a homicidio agravado, y son acusadas a 30 años de cárcel.
La vida de un feto es antepuesto a la vida de la madre y al derechos de decidir sobre su cuerpo. Esta premisa cobra cada vez más víctimas en un país donde el sistema sanitario es deficiente y la violencia callejera tiene como blanco constante a las mujeres.
Y es que en El Salvador, al igual que Nicaragua, Chile y República Dominicana, las leyes reconocen "como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción" y atentar contra ella es un delito de homicidio.
"La mayoría son mujeres que viven en situación de pobreza. Si tienen una complicación en el momento del embarazo, no pueden acudir a un hospital privado. En las clínicas privadas, cuyo número se multiplicó por tres en diez años, se respeta el secreto profesional, no hay denuncias. Las mujeres que sufren de la ley anti-aborto son mujeres jóvenes con bajo nivel de instrucción. No tienen recursos para contratar defensoría legal. Son mujeres que han transitado literalmente del hospital a la cárcel. Nosotras, con la ayuda de abogados, les ofrecemos la posibilidad de acceder a la justicia", explica Morena herrera, integrante de la Colectiva de Mujeres por el Desarrollo Social
El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha calificado de “inaceptable” la penalización del aborto en El Salvador.
“Existe una persecución contra las mujeres pobres. En el país no se ven casos de mujeres con recursos económicos que estén en la cárcel por abortar, además en todos los hospitales nacionales se está revelando el secreto profesional y eso es grave”, afirmó el abogado Denny Muñóz, de Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico.
Karina Climaco pasó del hospital a la cárcel. Los jueces ordenaron su traslado tras la sospecha de haber inducido su aborto.
Esta joven a pesar de haberse sometido a una esterilización en un hospital público, salió embarazada de su cuarto hijo. En la madrugada del 17 de enero de 2002, mientras el resto de su familia dormía, Karina sufrió fuertes dolores y se dirigió como pudo al baño, donde vivió un doloroso parto sin ayuda médica, ni de nadie, sufriendo una intensa hemorragia que le provocaron que se desmayase.
De inmediato, su familia se enteró de lo sucedido, por lo que decidió llevarla al hospital más cercano para salvarle la vida, donde los doctores que la atendieron determinaron que se había provocado un aborto.
Desde ese momento, Karina, de 22 años, pasó de ser una paciente a una sospechosa de aborto y luego de homicidio.
Tuvieron que pasar 7 años, para que su caso se hiciera público, y despertara así la solidaridad de las mujeres organizadas de El Salvador y comenzaran a trabajar por su libertad. Un trabajo duro, pero que tras lograr su libertad, se sembró un precedente de gran importancia para las mujeres de este país.
Pero aún queda mucho camino por recorrer. Morena Herrera explica que tras la libertad de Karina, decidimos que íbamos a conformar una agrupación ciudadana para la despenalización del aborto terapéutico, ético, genésico. Las tres cosas. En Nicaragua el aborto terapéutico incluye los tres, pero aquí no. En este momento estamos trabajando sobre seis casos de mujeres encarceladas por aborto, cuatro de ellas por homicidio agravado.
También intentan sensibilizar a la población, promoviendo reflexiones sobre los fundamentalismos religiosos en la sociedad. Trabajan también con religiosas feministas para "despenalizar las conciencias" como decía la periodista cubana María López Vigíl.
"Intentamos mantener una actitud, lo que no significa que no tengamos miedo. Pero solo por el miedo, no haríamos nada. Y sí, creo que hay un nivel de conciencia de la gente que es una ley injusta", concluye Morena Herrera.
En un medio de comunicación local, el director del hospital público, Carlos René Fernández, declaró que “el aborto es un delito”, y como tal están obligados a alertar a las autoridades correspondientes. “El secreto profesional nos ordena mantener la confidencialidad”, pero eso no significa, de acuerdo al director, licencia para la comisión de un delito.
En su entrevista asegura que el personal médico no inculpa a cualquier joven que asiste ahí con un parto extra hospitalario. "Todo depende del caso particular, de la misma historia clínica, entonces es cuando los médicos toman la decisión. En estas situaciones tenemos nosotros que hacer prevalecer la ley primaria que es la Constitución. Las cuestiones legales deben ser en otras instancias donde las deben aclarar".
Una mujer que aborta, por las condiciones personales que sea, se enfrenta a una serie de dificultades. La más importante de ellas es la interpretación de la ley que hace el sistema judicial de El salvador.
Si se acusa por aborto consentido y propio, son 8 años de cárcel. Lo que ocurre con esas mujeres es que la fiscalía cambia el motivo del delito. Al principio es delito por aborto y luego, por el hecho de no haber protegido la vida de su hijo, se transforma en homicidio. Cambian la calificación del delito y la acusan de homicidio agravado. Entonces la pena es entre 30 y 50 años.
Para el subdirector de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, Abraham Ábrego, “lo que se evidencia es una inadecuada forma de investigación de la mayoría de casos. Hay una presión social por penalizar estos casos sin investigar adecuadamente”.
"El año pasado tuvimos un caso de una muchacha, Marlene, quien tuvo un aborto natural, tuvo que ir al hospital, y del hospital a la cárcel, está en tercer año de bachillerato. La clave está en la palabra homicidio, ella no tiene derecho a audiencia preliminar, va directa a la cárcel. En el caso de esta muchacha ya la habían acusado inmediatamente de doble delito, aborto y homicidio. Cosa que no se puede legalmente. Así encontramos el caso. Logramos que saliera libre el 14 de enero de este año", narra Herrera.
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