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En las últimas semanas, tanto el gobierno nacional como los autonómicos han cambiado su política en relación a la política de cooperación española. La solidaridad ha sufrido un duro golpe, una vez que el presidente José Luís Rodríguez Zapatero anunció el recorte en 600 millones para Ayuda Oficial al Desarrollo (que finalmente aumentaron a 800 en el Consejo de Ministros) como una de sus nueve medidas para la reducción del déficit.

A esta medida se le han unido los representantes de la cooperación descentralizada como gobiernos autonómicos, diputaciones provinciales y ayuntamientos. Hasta el momento, sólo Castilla La Mancha, País Vasco y Navarra mantienen los programas de cooperación.

La Coordinadora de ONG para el Desarrollo en España (CONGDE) denuncia que la crisis no puede ser una excusa para incumplir la responsabilidad internacional de apoyar a los más vulnerables, al contrario, es ahora cuando más sufren el impacto de una crisis que ellos no han generado pero que les golpea especialmente. No en vano, por primera vez en la historia se han superado los mil millones de personas con hambre.

Este cambio de política lleva a que España se aleje del compromiso europeo hecho ante la UE de destinar este año el 0’51% de la RNB española para Ayuda Oficial al Desarrollo. Además del incumplimiento de compromisos firmados por el sector político del país, entre ellos el Pacto de Pobreza Cero.

El próximo mes de septiembre se revisan en Nueva York los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el mayor compromiso mundial para conseguir reducir a la mitad la pobreza en 2015. En este sentido, la sociedad civil ha exigido reiteradamente al gobierno español, y más en este semestre que preside la UE, un plan de reactivación y un esfuerzo extra para avanzar en el cumplimiento, pero el ¨tijerazo¨ del gobierno hace dudar del impulso que España pueda llevar a la Cumbre de las Naciones Unidas.