|  Un tribunal popular condena 
                    a la deuda externa por ser ilegítima
 Un 
                    Tribunal Popular de más de 400 personas condena al 
                    Gobierno por respaldar el cobro de una deuda externa que es 
                    “ilegítima”.
 Escritores, académicos y juristas denuncian que la 
                    deuda externa empobrece y deteriora la vida de las personas 
                    y el medio ambiente.
 
 El Tribunal Internacional de Opinión para juzgar la 
                    Deuda Externa, organizado por la Campaña “Quién 
                    debe a Quién” los días 22 y 23 de octubre 
                    en Madrid y al que han asistido más de 400 personas, 
                    ha emitido un veredicto de culpabilidad contra la Deuda Externa, 
                    por considerar que empobrece a los pueblos e impide su desarrollo, 
                    y condena al Gobierno español por respaldar una deuda 
                    que es “ilegítima”.
 
 Según el veredicto del Tribunal, la Deuda Externa es 
                    ilegítima “porque está pagada con creces; 
                    porque los intereses son usureros; porque fue contraída 
                    por gobiernos corruptos y sin el respaldo de los ciudadanos 
                    y, finalmente, porque es utilizada como instrumento de saqueo 
                    permanente del Sur y como medio de presión para imponer 
                    políticas neoliberales que mantienen a estos pueblos 
                    en un ciclo de dependencia y de más deuda”.
 
 Así lo han determinado los jueces Juana Calfunao (Lonko 
                    de la Comunidad Mapuche Juan Paillalef), Itziar Ruiz Jiménez 
                    (Profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad 
                    Autónoma de Madrid), Carlos Berzosa (Rector de la Universidad 
                    Complutense de Madrid) y Félix Pantoja (Vocal del Consejo 
                    General del Poder Judicial), respaldados por un Jurado Popular, 
                    formado, entre otras personas por los escritores Rosa Regás 
                    y Juan Madrid, el periodista Javier Ortíz y los Juristas 
                    Eunice Khanyssa Mabyeka y Begoña Lalana.
 
 Concretamente la sentencia señala que “el Gobierno 
                    español utiliza el gasto público y mecanismos 
                    públicos de apoyo a la exportación como la CESCE 
                    Compañía Estatal de Seguros de Crédito 
                    a la Exportación) para impulsar actividades de empresas 
                    transnacionales españolas que comportan impactos ambientales, 
                    económicos y sociales muy negativos en los países 
                    destinatarios de la Inversión Extranjera Directa española”. 
                    Pero el veredicto también señala la culpabilidad 
                    de varias empresas españolas:
 “constatamos la total pasividad e indiferencia del gobierno 
                    español ante casos de denuncias por la violación 
                    de los derechos humanos y procesos judiciales contra empresas 
                    transnacionales españolas tales como Repsol-YPF, Endesa, 
                    Union Fenosa, Iberdrola, Gas Natural, BBVA, Grupo Santander, 
                    La Caixa, Aguas de Barcelona, Abengoa, FCC, ACS-Dragados, 
                    etc.”
 
 Por todo ello, el tribunal ha condenado al Gobierno español 
                    y a las instituciones financieras y comerciales internacionales 
                    a “abolir de forma inmediata e incondicional todas las 
                    deudas impagables e ilegítimas, ejecutar las políticas 
                    necesarias para abolir la deuda externa, reconocer la deuda 
                    ecológica adquirida con los países empobrecidos 
                    y Establecer, en los ámbitos que proceda, reparaciones 
                    y responsabilidades judiciales, civiles o penales, por la 
                    generación de deudas ecológicas, sociales y 
                    políticas”.
 
 Según el Tribunal Internacional de Opinión para 
                    juzgar la Deuda Externa, todos estos hechos constituyen una 
                    violación grave del Derecho Internacional y sus normas 
                    y cuerpos legales, tales como la Declaración Universal 
                    de los Derechos Humanos, el Convenio 169 de la Organización 
                    Internacional de Trabajo (OIT) sobre los pueblos indígenas 
                    y originarios, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
                    Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos 
                    Civiles y Políticos, el Derecho a la Autodeterminación 
                    de los Pueblos, así como de leyes y normas de carácter 
                    nacional e internacional, tales como el Convenio sobre Biodiversidad 
                    o el Protocolo de Kioto.
 
 La Campaña “¿Quién Debe a Quién?” 
                    (www.quiendebeaquien.org - http://www.quiendebeaquien.org/) 
                    considera fundamental crear un canal de reflexión ciudadana 
                    sobre la deuda y sus consecuencias. La deuda externa sigue 
                    haciendo que aumente la desigualdad entre estados y entre 
                    clases sociales y que se incremente el sometimiento de los 
                    pueblos a la lógica económica.
 
 MÁS INFORMACIÓN:
 Se adjunta sentencia completa
 Tom Kucharz (Ecologistas 
                    en Acción). Tel. 619949053Celia Muñoz (Campaña ¿Quién debe 
                    a Quién?). Tel 636666417
  www.quiendebeaquien.org 
                     
 
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